“SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL PROCESO
DE INTEGRACIÓN REGIONAL”
– La Solución de Controversias en el GATT (*)

EXPOSICIÓN DE LA Doctora EVE RIMOLDI DE LADMANN
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales

Voy a referirme en primer término a una de las características del escenario actual: la transnacionalización; luego analizaré las disposiciones del Acuerdo sobre solución de controversias, para terminar con una referencia al estado actual de su aplicación.

I
EL ESCENARIO ACTUAL

En la estructura internacional consideramos a los Estados como los actores principales. Podemos preguntarnos si esto no se ha modificado en vista de la declinación del Estado y la aparición de otras estructuras.

La soberanía, como conceptualización jurídica del poder político, implica que cada Estado puede decidir por sí en qué forma enfrentará los problemas internos y externos. Pero esa decisión se ve constreñida fuertemente por las decisiones no sólo de otros Estados sino de los organismos internacionales y regionales y aún de los grupos privados como puede ocurrir en el mercado de capitales. La estructura internacional se modifica para llegar a un modelo interactuante, donde los Estados advierten la posibilidad de cooperar para obtener ventajas mutuas pero no obstante ese modelo inter-actuante, mantienen su independencia.

Hay una contradicción entre la estructura política internacional subsistente en la cual cada país está obligado a cuidar de sí mismo y la adopción de decisiones que favorezcan el bien común al sistema.(1)

La hipercomplejidad de los problemas que se presentan y la celeridad de los cambios, no permiten un análisis completo.

Debido a esa dificultad, sólo haré referencia a una de las tendencias principales que a mi juicio es pertinente al análisis que intento: el proceso de transnacionalización y sus manifestaciones. Este proceso no se identifica con el de globalización, es decir el crecimiento de las relaciones entre todos los países y regiones del mundo. Defino la transnacionalización como la aparición de problemas, necesidades y soluciones que superan las fronteras políticas de los Estados. Las líneas convencionales no sirven como límites para impedir el avance de situaciones problemáticas, que sólo pueden solucionarse mediante la cooperación transnacional. Se advierte esa situación en todo lo que se refiere al medio ambiente; su protección y control de la polución; la necesidad del procesamiento de los deshechos industriales, problemas que no se resuelven a partir de la autoregulación (2). Resulta manifiesto que cada vez con más frecuencia el planteo de los problemas se traslada al nivel transnacional: la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; la aparición de la delincuencia transnacional en nuevas áreas como las finanzas y la banca; el control de la proliferación de armas nucleares; la solución de las controversias en las relaciones entre las naciones.

No obstante la existencia de problemas comunes, no se crearon organizaciones eficientes y eficaces que den respuestas satisfactorias. No está claro como lograrlo pero aparecen algunos medios: uno de estos medios es el reconocimiento de la jurisdicción transnacional de los Tribunales tanto de Derechos Humanos como el mismo Tribunal de la Unión Europea por ejemplo, que no sólo intervienen en las controversias entre Estados sino que admiten la presentación de particulares en reclamo de sus derechos; también la modificación de comportamientos para lograr soluciones concertadas entre varias naciones; asimismo, se advierte una mayor ingerencia en los asuntos de otros Estados no sólo por lo que ha sido la intromisión tradicional de los actores principales del sistema internacional como los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, sino por la aparición de la opinión pública internacional que a partir de las posibilidades de información y comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías, se manifiesta especialmente sobre la violación de derechos humanos por parte de los Gobiernos o las crisis de Estado en América Latina, como el caso del intento de alterar el orden político en Paraguay. (3) 

La cooperación internacional para la solución de problemas transnacionales tiene como contrapartida una ya notable realidad: la desestatización de las soluciones. Al Estado nacional y a los organismos públicos que lo integran les resultan insuficientes los recursos de poder, financieros, tecnológicos y humanos para resolver las demandas aún en el orden interno. Se requiere la cooperación de organismos no gubernamentales y de las corporaciones. Sólo algunos ejemplos ilustran el tema: la desocupación y los problemas de migraciones laborales; la marginación social y la profundización de las diferencias entre los grupos.

Esos dos aspectos –la transnacionalización de los problemas y la desestatización de las soluciones– giran alrededor de un mismo eje: la imposibilidad del estado-nación tal cual se organizó durante la era industrial, para responder a los nuevos desafíos, tanto en el orden internacional como en el orden interno (4). El debate sobre el tamaño del Estado, que lleva más de una década en mi país y aún no ha podido ser resuelto, se instala a partir de las ideas decimonónicas, socialistas y liberales sin advertir los cambios que se han producido. Uno de esos cambios está referido al intercambio comercial que se ha convertido en el eje del desarrollo.

Los Estados tanto en el este como en el oeste, el norte y el sur, están empeñados en lograr el desarrollo económico siguiendo el comportamiento de los más exitosos, para lo cual la comercialización de sus productos más allá de sus mercados internos se ha vuelto un objetivo ineludible. Voy a referirme entonces al marco jurídico mundial o a lo que puede denominarse el derecho constitucional del intercambio multilateral.

II
EL ACUERDO

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,(5) cuyo objetivo es la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional mediante la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales con el objeto de lograr un mayor bienestar.

Podemos destacar brevemente algunas de sus características, que han tratado de superarse en la versión actual del Acuerdo (6):

1) La debilidad institucional: no se creaban órganos permanentes.

2) Estaba prevista la aplicación de algunas de sus partes sólo en la medida en que fuesen compatibles con la legislación vigente, como por ejemplo las reglas de la parte II del Acuerdo incluidas en el “Protocolo de Aplicación Provisional” que recoge los temas en forma sistemática y que en definitiva para lograr su observación debieron ser negociados en las diversas Rondas celebradas entre 1973/1994 (7).

Había poca confianza en el acatamiento de esas normas internacionales, ineficacia que quedó confirmada en la realidad.

3) Es un Acuerdo de carácter internacional comercial entre Estados, no un trato strictu sensu. Por ello se denominan sus firmantes Partes Contratantes, que son las que tienen capacidad para interpretar el Acuerdo, modificarlo y otorgar las exenciones o waivers al cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo.

4) Como es usual en el orden internacional, las decisiones se toman por consenso, técnica que se ha incorporado a la actual Organización Mundial de Comercio aunque se admite en ésta última las votaciones con mayorías de los tres cuartos de los miembros y sin ningún voto formal en contra. El estilo de la decisión es entonces, la negociación y la persuasión para llegar al consentimiento. Por esa razón ha demorado tanto la aprobación de la Ronda Uruguay.

No obstante el GATT, fue un comienzo de imposición de ciertas reglas de homogeneidad o convergencia en las políticas comerciales de los países adheridos.

5) Hay preponderancia de lo jurídico anglosajón, que se refleja en su casuística; en la importancia del sistema de stare decisis o del precedente; en la primacía del logro de soluciones, aceptando el pragmatismo y la flexibilidad  para lograr mantener la vigencia del Acuerdo.

6) La inclusión de la cláusula de la nación más favorecida o principio de no discriminación, al extender las ventajas acordadas por dos países en una negociación bilateral a los demás Estados debió contribuir –si su aplicación hubiese sido efectiva– a la desaparición de las negociaciones bilaterales, dado que en caso de realizarse, los Estados intervinientes debían extender las ventajas arancelarias que se concedieran entre sí, a otros países, poniendo a estos en mejores condiciones que a los negociadores puesto que los terceros países no otorgaban ninguna ventaja a su vez, ni a los negociadores ni a terceros países.(8)

Estos hechos favorecieron la participación de todos en las ocho Rondas que se han cumplido hasta ahora, para llegar a acuerdos multilaterales, las seis primeras referidas casi con exclusividad a cuestiones arancelarias y las dos últimas (Tokio 1973/1979 y Uruguay 1986/1994) con mayor relevancia a cuestiones no arancelarias.

Los objetivos propuestos en el Acuerdo no se han cumplido totalmente aún hoy, pero a partir de su firma los países fueron en mayor o menor medida, adecuando sus comportamientos a la apertura y transparencia del comercio que se intentaba alcanzar y que implicaba un cambio estructural en las relaciones económicas internacionales.

El aumento de los intercambios comerciales tuvo apoyatura en una coordinación cada vez mayor de políticas entre los países desarrollados, ya sea por la adopción de nuevas estructuras como la Comunidad Europea o la creación de organismos como la OCDE o las Reuniones del Grupo de los 7.

Sin embargo, el cuestionamiento de los resultados del GATT y su adecuación a las nuevas realidades hizo que en 1982 se lanzara un programa de trabajo que comenzó a realizar las tareas preparatorias de lo que se denominó la Ronda Uruguay que comienza sus deliberaciones en la conferencia inaugural realizada en este país en 1986.

En  esa  evolución,  se  advierte  un  crecimiento  continuo  de  las  Partes  Contratantes. Al concluir las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay, con el Acuerdo firmado en Marrakesh en 1994 –Acta final del 15 de abril de ese año por la que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), completada con los anexos–, de los veintitrés países originales que se reunieron en 1947, se pasó a 124, sin incluir los que se adhieren con posterioridad.

Las negociaciones han complementado las intrincadas relaciones comerciales actuales, extendiendo el sistema al comercio de servicios, la propiedad intelectual relacionada con el comercio y otras áreas que antes quedaban excluidas.

La solución de controversias: antecedentes

El tema de solución de controversias fue considerado desde un principio en las negociaciones del GATT, pero con el carácter de provisionalidad de sus reglas  tuvo poca importancia. Desde su creación hasta 1986, se resolvieron 233 casos refiriéndose el 42.9% a productos agrícolas. (9)

Desde 1947 comenzó a introducirse en las reuniones anuales del GATT el procedimiento de los grupos de trabajo. Las Partes Contratantes estudiaban en esas sesiones los reclamos que una de ellas efectuaba contra la adopción de medidas por parte de otra, medidas que se consideraban agraviantes para sus derechos o intereses comerciales. Son algunos ejemplos, los reclamos de Holanda contra el establecimiento de tasas consulares por parte de Cuba  o el de Chile contra la subvención que otorgaba Australia al sulfato amónico.

Estos grupos de trabajo tenían el inconveniente que estaban constituidos por las Partes y debían adoptar una decisión por unanimidad, por lo cual nunca se llegaba a ella y sólo se limitaban a una exposición ordenada de los puntos en desacuerdo y los argumentos de cada Parte.

Se intentó después de siete años incorporar un sistema más objetivo: llamar a un grupo de expertos para constituir “paneles” que solucionasen las diferencias. Seguían siendo las Partes Contratantes las que podían en definitiva aceptar la propuesta o rechazarla, pero con una opinión emitida por especialistas ajenos.

Entre 1952 y 1958 se fue consolidando el sistema de solución de las controversias aumentando el número de casos sometidos a consulta de los “paneles”, pero a partir de 1958 se interrumpió esa actividad durante varios años quizás por la irrupción de otros sistemas que como el de la Comunidad Europea resultaban más adecuados para resolver los diferendos y por el crecimiento de la participación en el comercio internacional de países subdesarrollados, que propusieron otras modalidades.

Durante la Ronda Tokio se llegó a una síntesis consolidada de las prácticas que venían siendo aplicadas para prevenir o solucionar los conflictos, integrando un sistema con las consultas, las notificaciones y la constitución de paneles:

1) Las consultas: un núcleo básico constituido por los artículos 22 sobre consultas y el 23 sobre protección de las concesiones y de las ventajas del Acuerdo General. La consulta es un medio obligatorio para las Partes Contratantes, que lo deben utilizar cada vez que se propongan adoptar o hayan adoptado alguna medida de política comercial que pueda afectar intereses de las otras. Resultó positivo para resolver el 50% de los problemas que se planteaban.

2) Las notificaciones: se incorpora el principio de “transparencia”, por el cual los países asumen la obligación de notificar las modificaciones y excepciones que introduzcan en sus relaciones comerciales con los demás en temas de políticas adoptadas, constitución de uniones aduaneras o zonas de libre comercio, licencias, medidas tomadas para equilibrar la balanza de pagos, medidas no arancelarias adoptadas, política de las empresas estatales para importación-exportación de productos, entre otros. Sin embargo, las cuestiones relativas a su información y difusión no están aún resueltas.

3) Los paneles: una vez agotada la vía de negociación mediante la consulta, actúan las Partes Contratantes que en Consejo o en sesión especial deciden convocar al grupo especial o “panel” de una lista indicativa de posibles “panelistas”, que para cada caso no pueden ser nacionales de los países a quienes afecta la diferencia. El panel emite un informe con los antecedentes del caso, la adecuación o no de la medida a las normas del GATT y las recomendaciones de acción, que probablemente consista en la retirada de la medida. Conocido el informe por las partes involucradas y no habiendo llegado a una conciliación, corresponderá aprobarlo a las Partes Contratantes,  que pueden pedir se suprima la medida denunciada o se llegue a un compromiso de compensación. La posibilidad de aplicar medidas de retorsión en caso de incumplimiento, como suspensión de concesiones u otros derechos en la práctica sólo se hicieron efectivas en el 5% de los casos, un porcentaje verdaderamente exiguo frente al incumplimiento. (10)

Se puede caracterizar esta etapa en la aplicación de las disposiciones sobre solución de controversias por un aumento relativo de su número sin variar sus actores, que siguieron siendo los países más desarrollados que protagonizaron las causas como denunciantes o denunciados. Hay mayor presencia de los Estados Unidos que de la Comunidad Europea, en parte por lo que ya dije antes: la actividad del Tribunal Europeo. Una segunda característica que podemos advertir es la concentración de las denuncias en cuestiones relacionadas con los productos agrícolas (42.9%) e industriales (21.9%). (11)

Las críticas más importantes al procedimiento surgen de su duración que en promedio no ha sido inferior a los dos años y la ausencia de mecanismos de acceso de los agentes económicos. Por otra parte, su excesiva casuística frente a un sistema de “legalidad” favorecía a los países más grandes que podían ejercer otro tipo de presiones políticas o económicas para lograr sus objetivos.

La incorporación de numerosos países no desarrollados planteó el problema que recoge la Declaración de Punta del Este en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, proponiendo como una necesidad el mejoramiento de las reglas y procedimientos para la solución de diferencias y la inclusión de acuerdos para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones.

Las disposiciones del Acta de Marrakesh

Una  breve referencia a las mismas para analizar luego las que se refieren a la solución de controversias.

El Acta de Marrakesh introduce una novedad: una estructura institucional de carácter permanente en las relaciones comerciales interestatales, la Organización Mundial de Comercio (12). Se incluyen también nuevos Acuerdos multilaterales referidos al comercio de Servicios (GATS) y a los Aspectos Comerciales de la Propiedad Intelectual con relación al Comercio (ADPIC). Una serie de Declaraciones y Decisiones Ministeriales completan algunos elementos de los Acuerdos multilaterales y señalan las tareas que deben llevarse a cabo en los años siguientes.

Siguiendo con su característica casuística que ya he señalado, se aprueban también los Acuerdos plurilaterales específicos, sectoriales sobre aeronaves civiles, contratación pública, productos lácteos y carne bovina.

Finalmente, el Acuerdo multilateral del GATT 47 sigue vigente con las modificaciones introducidas en las diferentes Rondas, que completa la última y los Entendimientos relativos a varios artículos que definen sus alcances en la interpretación de las Partes. El Protocolo incluye las concesiones detalladas, abarcando veintisiete volúmenes lo que da una idea de qué se quiere decir al calificar al sistema como casuista.

El GATT 94 incluye también los Acuerdos sobre doce materias no arancelarias antiguas y nuevas, los instrumentos de defensa comercial y sectoriales a los que me referí.

Se acentúa el “principio de transparencia” y se extiende su vigencia, eliminando “la cláusula de anterioridad” o del abuelo, por la cual no se aplicaba el GATT a quienes se habían acordado ventajas con anterioridad a su vigencia (los casos de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y sus ex-colonias). (13)

Resulta monótona una exposición sobre procedimiento si se pretende hacerla en forma detallada, por lo cual sin asegurar que no caiga en ese defecto, sólo haré algunas referencias generales.

El Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, recoge en 27 artículos y 4 apéndices, la experiencia anterior, introduciendo una mayor “judicialización del proceso” es decir, se trata de que se observen las reglas que con detalle rigen el procedimiento aunque manteniendo la idea de flexibilidad de que permita llegar a la conciliación de los intereses: enfatiza que no es un contencioso, sino que debe entablarse como un procedimiento de buena fe debiendo los Miembros esforzarse por resolver la diferencia, no dice la controversia. Incluye el procedimiento especial para países en desarrollo aprobado por la Decisión del 5 de abril de 1966 y la recomendación de prestar particular atención a sus problemas e intereses.

Organos: El Entendimiento crea un Organo de Solución de Diferencias (OSD) que “administra” las disposiciones del mismo y las que se incluyen en los Acuerdos plurilaterales entre algunos de los miembros de la OMC. Dispone también sobre el Organo Permanente de Apelación que debe establecer el OSD.

El actual Presidente del OSD es el Sr. Celso Lafer de Brasil elegido en la reunión del 31 de enero de 1996.

Este Organo puede establecer Grupos Especiales, adoptar sus informes y los del Organo de Apelación; vigilar la aplicación de resoluciones y recomendaciones; autorizar la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados.

Las decisiones se toman por consenso lo cual quiere decir que no debe haber oposición formal de los miembros presentes, no que todos estén de acuerdo y sus limitaciones están dadas por los Acuerdos firmados por lo cual no puede alterar en más o en menos los derechos y obligaciones allí establecidos.

La solución debe apuntar a suprimir las medidas incompatibles con los acuerdos multilaterales incluyendo el GATT 94 y los plurilaterales, no a modificar ninguna de sus cláusulas.

El Organo Permanente de Apelación previsto, entenderá en los recursos interpuestos contra las decisiones de los Grupos Especiales a los que me referiré más adelante. Integrado por siete miembros, nombrados por el OSD por un término de cuatro años, renovable su mandato por una vez, deben acreditar competencia técnica en derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general, sin vinculación con los Gobiernos ni con los intereses en juego. Deben estar disponibles en cualquier momento y señalo estas condiciones para tenerlas en cuenta en el análisis de la situación actual. Intervienen tres en cada caso, que sólo pueden expedirse sobre las cuestiones de derecho y las interpretaciones jurídicas realizadas por el grupo especial, únicas que pueden ser objeto de apelación. Sus gastos son sufragados por la OMC.

El propio Organo Permanente de Apelación, en consulta con la OSD y el Director General, establece los procedimientos de trabajo. Las opiniones expresadas serán anónimas y pueden confirmar, modificar o revocar las conclusiones del grupo especial. Sin embargo, la confidencialidad que era característica de todo el procedimiento de solución de diferencias se ha visto modificada a favor del “principio de transparencia”, por aplicación de la decisión del Consejo General del 18 de julio de 1996 suprimiendo el carácter reservado de los documentos.

Medios de solución de diferencias: ¿cuáles son los que se proponen?: la consulta, los buenos oficios y la mediación, los grupos de especialistas y el arbitraje. Haré una breve referencia a cada uno de ellos.

1) La consulta –cuya importancia ya se podía advertir en el período anterior– se refuerza, debiendo notificarse al Organo de Solución de Diferencias por parte del Miembro que la solicite. Se establecen plazos máximos para las respuestas (60 días), excepto se trate de productos perecederos en cuyo caso el plazo se acorta (20 días). 

La consulta implica el compromiso de cada Miembro de examinar “con comprensión” la presentación de otro que se considere afectado por medidas adoptadas por el primero, para llegar a una solución mutuamente conveniente. Se hacen por escrito. Cualquier Miembro que considere que puede ser afectado por el problema en consulta puede también participar en la misma como Miembro asociado siempre que quien ha efectuado la consulta considere que está fundamentada la petición.

Si no obtiene una respuesta, puede pedir la constitución de un Grupo Especial.

2) Los buenos oficios, la conciliación y la mediación, procedimientos ya previstos en 1966 para los países en desarrollo, a los que pueden acudir ahora cualquiera de los Miembros. Son voluntarios y los inician las partes en la diferencia, en forma simultánea o previa a la actuación del Grupo Especial.

La propuesta la realiza el Director General, quien interviene si quien solicita el procedimiento es un Miembro menos adelantado y en ese caso, antes de convocarse al Grupo Especial. Debe ser aceptada por todas las partes en conflicto y no prejuzga sobre el derecho que les asiste.

3) Designación del Grupo Especial. Se constituye a pedido del país reclamante; lo establece el Organo de Solución de Diferencias. Su antecedente ha sido el “panel”, pero ahora con una regulación específica muy detallada incluso en los procedimientos de trabajo a los que se hace referencia en el Apéndice 3 del Entendimiento, que deben seguirse si no acuerdan otra cosa.

El procedimiento es formal, con una presentación escrita donde debe informarse si se han celebrado consultas, la identificación de las medidas en litigio, con la fundamentación jurídica del reclamo en forma clara y precisa.

Los Grupos Especiales deben examinar –como dice el texto del Entendimiento en su artículo séptimo–, “a la luz de las disposiciones pertinentes del acuerdo o de los acuerdos abarcados que hayan invocado”, el asunto sometido al OSD y formular las conclusiones que ayuden a dicho Organo a resolverlo o hacer recomendaciones. Esta es la regla general del mandato que se acuerda a los Grupos Especiales. Si las partes establecen un mandato distinto, en la petición debe figurar el texto especial propuesto.

¿A quiénes se convoca como integrantes de los grupos?  Pueden ser funcionarios gubernamentales especialmente de la esfera de la política comercial de un Miembro, quienes deben actuar a título personal, sin recibir instrucciones; o bien, que tengan antecedentes por haber actuado ya sea representando a un Miembro o Parte Contratante en una diferencia o en el Consejo o en alguno de los Comités de los Acuerdos o haber sido funcionario de la Secretaría del GATT o integrado los Grupos Especiales con anterioridad. Puede convocarse también a docentes o quienes hayan publicado trabajos de derecho mercantil o política comercial internacional. La Secretaría mantiene para su consulta las listas de especialistas que pueden ser designados y los propone. Si no son aceptados por las partes, es el Director General quien los elige. En todos los casos no podrán ser nacionales de los Miembros que son parte en la diferencia; su número es de tres por grupo, excepto si las partes deciden que sean cinco.

Si la situación es urgente por los daños que ocasione la demora, debe resolver dentro de los tres meses, sino tendrá un plazo máximo de seis meses para hacerlo. Pueden contar con el asesoramiento de un grupo de expertos, manteniéndose la confidencialidad de las deliberaciones y el anonimato de las opiniones.

En caso de que las partes no hayan llegado a una solución mutuamente satisfactoria, el Grupo Especial emite su informe que se les da a conocer y luego se eleva al OSD que dentro de los 60 días posteriores lo adopta o bien, en caso de apelación, adoptará el informe emitido por el Organo Permanente de Apelación.

Está previsto un plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones, que propone el Miembro afectado o lo fijan de común acuerdo las partes. Si no se llega a un acuerdo, se establece mediante una decisión vinculante de un árbitro designado por las partes o por el Director General en caso de que no lleguen a una coincidencia.

Si las medidas no se aplican plenamente, las partes negocian una compensación que en caso de incumplimiento faculta al OSD para autorizar medidas de retorsión que consisten en la compensación o suspensión de concesiones u otras obligaciones, con carácter temporal y excepcional en el caso en que no surta efecto la recomendación de poner una medida que sea conforme con los acuerdos firmados.

Las medidas se aplican en primer término en el mismo sector o sectores de la diferencia (bienes, servicios o derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio).

4) El arbitraje. Previsto en el artículo 25 del Entendimiento, se considera que sustituye al “panel”. Los Miembros se comprometen a la aceptación y cumplimiento del laudo que se dicte, que debe notificarse al OSD y al Consejo o Comité del acuerdo pertinente. Son las partes las que deben, de común acuerdo, convenir el procedimiento a seguir, pudiendo ser un medio alternativo de solución de diferencias para aquellas cuestiones que tienen por objeto temas claramente definidos.

Se aplican al laudo las disposiciones de los artículos 21 y 22 del Entendimiento relativas a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones y a la compensación y suspensión de concesiones a las que ya hice referencia.

La Secretaría presta apoyo logístico a los Grupos Especiales y asistencia en aspectos jurídicos, históricos y de procedimiento a los mismos y a los Miembros de países en desarrollo que lo soliciten, recomendándose consideración a estos por parte de los más adelantados, especialmente en las exigencias de compensaciones en casos de incumplimiento.

Entre las funciones de la Secretaría se encuentra también la de capacitar mediante cursos a los expertos de los Miembros, según lo dispone su artículo 27.

III
ESTADO ACTUAL DE SU APLICACION Y LAS CUESTIONES NO RESUELTAS

Ocurre cuando leemos las disposiciones normativas terminar satisfechos pensando que todo ha sido resuelto. El marco jurídico es tranquilizador, pero la realidad pronto se encarga de mostrar los inconvenientes. La vendetta dei fatti.

De acuerdo al informe anual de las actividades del Organo de Solución de Diferencias del 28 de octubre de este año, preparado para la revista general de actividades del OMC, el primero ha celebrado 22 reuniones desde diciembre de 1995, incluyendo las ordinarias y extraordinarias.

A diferencia de lo que ocurría en la aplicación de las normas GATT 47, las Partes Contratantes sólo podían presentar reclamaciones ante casos concretos en que se impedía la exportación de bienes. Hoy se puede promover el procedimiento aunque no exista un agravio actual, sino en casos por ejemplo, en que un país quiera penetrar en un mercado o tener una parte mayor del mismo, cuestionando entonces la legislación interna vigente.

El incremento de los tratados multilaterales es una confirmación de lo que hemos denominado la transnacionalización de problemas y respuestas como característica del mundo actual, manifestada también en el sistema legal de las naciones que resulta cada vez más interdependiente.

Si consideramos la variable económica, hemos visto que ha aumentado el comercio internacional; se ha producido una expansión de las empresas transnacionales y de las inversiones, los proyectos han dejado de ser nacionales para pasar a ser transnacionales. No es extraño entonces que se internalice también la acción del GATT.

La notable rebaja de los aranceles producida en el intercambio comercial no se ha visto acompañada por la desaparición de las barreras no arancelarias, que con diferentes disfraces se instrumentan en cada país. Sí, resulta difícil su eliminación por los Gobiernos, que responden a las presiones que sobre ellos ejercen los grupos económicos de interés, la respuesta debe provenir de las instituciones regionales o internacionales, de las normas que se aprueben mediante acuerdos multilaterales y de los procedimientos de solución de controversias que se instrumenten en el nivel transnacional.

En las relaciones económicas nos encontramos con diferentes problemas:

1) Los que se plantean entre particulares relacionados con las transacciones que realizan y que son materia del derecho internacional privado para determinar la jurisdicción y competencia de los tribunales, la ley que rige los contratos, la constitución de sociedades, los seguros y otras materias involucradas en la transacción.

2) Las regulaciones de cada Estado que establecen los aranceles aduaneros; controles de importación y exportación; estándares de calidad de producto y de envase; aplicación de impuestos internos; regulaciones para-arancelarias.

3) Los tratados o acuerdos internacionales que obligan a su cumplimiento por parte de los Estados en cuanto a las políticas que adopten y las legislaciones que sancionen.

En estos dos últimos aspectos, cada vez con mayor frecuencia se instalan las dife-rencias.

La extensión temporal de la Ronda Uruguay y la necesidad de lograr apoyos internos obligó a los países a difundir en la opinión pública los puntos de vista en los que apoyaban sus exigencias. Así se conocieron y estudiaron mejor los procedimientos que permiten a los empresarios y a los mismos países miembros a presentar reclamos, especialmente en el caso de los menos desarrollados que antes no denunciaban a los países desarrollados. Abogados y funcionarios tienen mejor capacitación y entrenamiento.

El aumento de los casos –hubo 58 presentaciones en total ante el OSD desde 1995 y éste se reunió solo 22 veces– hace surgir otras dificultades como por ejemplo conseguir especialistas con antecedentes suficientes para integrar los Grupos. Por otra parte, las diferencias entre los dos sistemas, el anglosajón y el normativista no han sido suficientemente debatidas y acordadas para enfrentar con claridad los temas a resolver.

Es probable que las dificultades se vayan solucionando, lo que resulta indudable es que las actividades de los órganos de la OMC responden a las características del sistema internacional actual, por lo que cabe concluir que el sistema, con algunas modificaciones, se consolidará.

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LLAMADAS:

(1)	Waltz, Kenneth N. Teoría de la Política Internacional. Ed. GEL. Bs. As. 1988.

(2)	Los problemas que planteó Chernobil no afectaron sólo a Rusia; la contaminación ambiental se extiende sin respetar fronteras o jurisdicciones.

(3)	El alzamiento del General Lino Oviedo contra el Presidente Constitucional elegido Juan Carlos Wasmosy, no pudo concretarse ante la firme manifestación de voluntad política de los demás países miembros del Mercosur de tomar medidas económicas que repercutirían en la economía paraguaya, en caso de hacerlo.

(4)	Es un ejemplo la desaparición del estado de bienestar social. Ver Robert J. Samuelson, The Good Life and its Discontinents: American Dream in the Age of Entitlement 1945-1995, editado en 1996. Europa enfrenta el mismo dilema: la solución de los problemas individuales de desocupación, salud y bienestar desde una administración burocrática creciente y un gasto público que se hace insostenible.

(5)	Lo suscribieron: Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán, Reino Unido, Rhodesia del Sur, Siria y Unión Sudafricana.

(6)	Díaz Mier, Miguel Angel. Del GATT a la Organización Mundial de Comercio, Ed. Síntesis, Serie Actualidad. Madrid, 1995.

(7)	Se enumeran reglas referidas a las películas cinematográficas (art. 4), derechos antidumping y compensatorios (art. 6), aforo aduanero (art. 7), derechos y formalidades referentes a la importación y exportación (art. 8), marcas de origen (art. 9), restricciones cuantitativas (art. 11), disposiciones en materia de cambio (art. 15), subvenciones (art. 16), empresas comerciales del Estado (art. 17) conjuntamente con normas sobre excepciones y protección de las concesiones.

(8)	En el Acuerdo se prevé la participación de terceros países en una negociación bilateral desarrollando conceptos como los de país primer proveedor; país con interés sustancial; país negociador inicial. Esto puede hacerse respecto al otorgamiento de ventajas arancelarias cuyos efectos pueden calcularse en base a la recaudación fiscal, pero resulta casi imposible lograr un criterio para calcular el efecto de las ventajas mutuas que se conceden en materia para-arancelaria.

(9)	Jackson, John H. The World Trade System: Law and Policy of International Relations. MIT Press. Massachussetts, 1992. Cuadro 1.1

(10)	Diez Mier, Miguel Angel. op. citada en nota 6, pág. 50.

(11)	Jackson, J.H. op. cit. en nota 9. Cuadro 1.1.

(12)	Completa un esquema de organismos internacionales que acentúan la transnacionalización de problemas y decisiones a la que me he referido en la primera parte de este trabajo: la OMC tendrá funciones similares a las que en el ámbito financiero ejerce el Banco Mundial (BM) y en el monetario el Fondo Monetario (FMI). La integran no ya Partes Contratantes, sino Miembros que han aceptado todas las obligaciones que surgen de los Acuerdos multilaterales. Los Acuerdos plurilaterales sólo generan obligaciones para los Miembros que expresamente los han aceptado. La OMC tendrá a su cargo la aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos multilaterales y de los plurilaterales; constituir un Foro de negociaciones de los asuntos incluidos en los mismos; la administración del Entendimiento de Solución de Controversias y el Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales y la colaboración con los dos organismos internacionales nombrados, el FMI y el BM.

(13)	La estructura está constituida por un Consejo General y los órganos inferiores: un Consejo para cada uno de los Acuerdos multilaterales (Consejo de Comercio de Mercaderías; Consejo de Comercio de Servicios y Consejo de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual). Los Acuerdos GATT 94 y plurilaterales tienen sus propios órganos que responden también al Consejo General como los diversos Comités que tienen tareas específicas (el de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos entre otros). La Secretaría con un Director General a su frente completa la estructura permanente. El órgano superior de decisión política es la Conferencia Ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años, integrándolo representantes de los países miembros. 

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